Las transformaciones sociales más importantes que se consiguen desde la ciudadanía se producen a través de la incidencia política. Es decir, a través de un proceso orientado a producir cambios en las actitudes, las leyes y las políticas públicas para transformar la manera en la que se legisla y distribuyen los recursos. En nuestro caso, el objetivo es que las entidades sociales tengan más oportunidades de influir en las decisiones que les afectan.

Son muchas las razones por las cuales hacer incidencia política es importante en el seno de las entidades sociales y en cambio, son pocas las organizaciones que la hacen, o al menos de una manera ordenada. Ello requiere tareas tan complejas como un análisis o investigación previa de la situación, la toma de conciencia, la sensibilización a otros agentes participantes, el trabajo en red y la relación adecuada con los decisores políticos. Y, como es natural, en el día a día las entidades sociales se dedican a dar servicios a las personas vulnerables y no pueden ocuparse de trabajar para cambiar la voluntad política en favor de la justicia social.

UNAD es una entidad que tiene un currículo importante en materia de incidencia política enfocada a cambiar leyes y políticas y proponer alternativas para mejorar la calidad de vida de las personas con problemas de adicciones.

Pero, ¿qué ocurre con la propuesta de un sistema sostenible y duradero para intervenir con las personas con adicciones? Históricamente, UNAD ha trabajado la transformación en las decisiones de los poderes públicos, abordando cuestiones como el derecho a tratamientos, la intervención en espacios extrapenitenciarios dentro de la aplicación de medidas alternativas a prisión, la inclusión de la perspectiva de género, la eliminación de la estigmatización de las personas… Pero nos olvidamos de una cuestión, vital y necesaria a la que también tenemos derecho: que todas esas cuestiones se desarrollen con la seguridad de que se prolonguen en el tiempo y que sean sostenibles.

En este sentido, UNAD inició el pasado año un camino para lograr una transformación en este sentido. En el mes de abril, la Junta Directiva puso sobre la mesa la necesidad de contar con un sistema de intervención seguro y estable. Desde ahí, nuestro primer objetivo fue el de conocer las tendencias en el desarrollo de la cooperación público-privada en el campo de las adicciones. Lo cumplimos con la puesta en marcha de un estudio que nos permitió fijar los principales retos en materia de financiación.

En noviembre, compartimos con nuestra red de entidades el análisis de la situación mediante una jornada que también nos sirvió para avanzar sobre las mejoras operativas que deberíamos emprender. Además, la formación de la Junta Directiva -nuestro órgano de gobierno de representación territorial- permitió concretar cuáles son los instrumentos más adecuados para que, desde la administración, se financien los recursos activos en cada comunidad autónoma, ya sean centros ambulatorios, centros de día, comunidades terapéuticas, etc.).

Todas estas acciones nos han conducido al punto en el que nos encontramos ahora mismo: consensuar una herramienta que permita desplegar la estrategia más adecuada en cada territorio. Para ello, estamos recogiendo los modelos alternativos de financiación en un documento de incidencia, un texto que represente la estrategia de la Red UNAD y también nos ayude en la labor de posicionarnos ante las distintas administraciones.

No nos debe acomplejar el hecho de reivindicar la sostenibilidad de nuestras organizaciones. Parece que el lobby solo está legitimado cuando se enfoca a la petición de derechos, pero la verdadera justicia social se producirá cuando consigamos la viabilidad y la continuidad de los servicios. No podemos olvidar que esta reivindicación también nos conecta con la voz y los derechos de las personas con adicciones.